Este miércoles, en comisión, la Cámara de Diputados discutirá un proyecto para reducir la edad de imputabilidad a 14 años, con el objetivo de permitir la prisión de hasta 20 años para menores que cometen delitos graves, excluyendo la pena de reclusión perpetua.
El oficialismo propone establecer la edad en 13 años, mientras que la mayoría de los bloques dialoguistas y el massismo abogan por fijarla en 14 años.
El debate surge tras el asesinato de Kim Gómez y en respuesta al pedido del presidente Javier Milei durante la Asamblea Legislativa para reformar el Código Procesal Penal. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (PRO), organizó la convocatoria para este miércoles a las 10, buscando avanzar en la discusión de esta iniciativa, que ha generado divisiones dentro del Congreso.
El presidente Milei solicitó que se trate este tema en el Congreso tras varios homicidios ocurridos en la provincia de Buenos Aires, lo que desató un cruce con el gobernador Axel Kicillof. En conjunto con sus colegas de las comisiones de Justicia, Familia, Niñez y Minoridad, y Presupuesto, Rodríguez Machado acordó acelerar el proceso de citación para comenzar a discutir un dictamen, después de las siete reuniones de consulta realizadas el año anterior.
El debate se llevará a cabo previo a la sesión convocada por bloques opositores para tratar diversos proyectos, como investigaciones y solicitudes de informes relacionados con el escándalo del cripto Libra.
Fuentes parlamentarias informaron a Noticias Argentinas que el objetivo es comenzar a tratar el despacho basado en la propuesta del Gobierno Nacional, pero también se incorporarán otras propuestas provenientes de los numerosos proyectos existentes en la Cámara Baja. Aunque el Gobierno busca establecer la edad de imputabilidad en 13 años, hay consenso en que la mayoría de los legisladores apoyan la reducción a 14 años, como lo proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El presidente del PRO, Cristian Ritondo, también respalda la reducción a los 14 años, una postura compartida por Juan Manuel López, titular de la Coalición Cívica, y por los legisladores de Producción y Trabajo, Nancy Picón, y la radical Carla Carrizo. Por su parte, el diputado libertario mendocino Álvaro Martínez propone reducir la edad a 12 años, mientras que la legisladora piquetera de UP, Natalia Zaracho, aboga por mantener la edad actual y analizar si un menor de 16 años es capaz de comprender los delitos que comete, junto con medidas de contención social.
El proyecto del Gobierno establece que no se podrá imponer la pena de reclusión perpetua a los menores, fijando un máximo de 20 años de prisión, incluso en casos de varios delitos graves cometidos de forma concurrente.
Todos los proyectos plantean diversas sanciones en la reforma del Régimen Penal Juvenil, además de la prisión para delitos menores, con el objetivo de lograr la resocialización del infractor. La propuesta del Gobierno incluye sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de acercarse a la víctima, restricciones para salir del país o la residencia, monitoreo electrónico y prestación de servicios a la comunidad.
Para la rehabilitación de los menores, el régimen penal incluye programas educativos, de formación ciudadana, deportivos y tratamientos médicos. Asimismo, se plantea la creación de un supervisor que acompañe y guíe al joven en su proceso de reintegración social. Además, se contempla la posibilidad de revisar la pena una vez cumplidos dos tercios de la condena, permitiendo que el resto de la pena se cumpla en el domicilio del menor.
El proyecto también propone alternativas al cumplimiento de la pena, como institutos abiertos o especializados en detención de menores, además de las opciones de cárcel y domiciliaria.
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