La protesta entorpeció el libre tránsito de medios de transporte y múltiples conductores que debieron desviar su camino.
El acampe docente y el corte de calle realizado en la avenida Uruguay por un grupo de docentes entre mayo y junio de este año dieron origen a una causa judicial por parte del titular del Juzgado de Instrucción Penal Número 7 de Posadas, Miguel Mattos.
Los sindicalistas Mónica Gurina, secretaria general de la CTA en Misiones, y Leandro Sánchez, secretario general de la UTEM, fueron imputados por “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra en concurso ideal”.
La protesta, que tuvo lugar en un tramo clave de la avenida Uruguay, uno de los accesos principales de Posadas, bloqueó totalmente la vía desde mediados de mayo hasta el 4 de junio. Ese día, los docentes, que también se habían sumado a un acampe policial, levantaron el piquete tras recibir dos órdenes de desalojo. Tras concluir la instrucción, el expediente fue remitido al Juzgado Correccional y de Menores N° 1, encargado de continuar con el proceso judicial.
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