En medio de la negociación de paritarias, y argumentando respuestas negativas en las audiencias con la mediación de la Secretaría de Trabajo, el sindicato que representa a los trabajadores de trenes en la Argentina adelantó una medida de fuerza que afectará el servicio en todo el país.
El comunicado gremial se titula “La paciencia tiene un límite” y está rubricado por el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano. Allí precisa que “se ha dispuesto aplicar para el día martes 25 de junio y por el término de 24 horas un topo de velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en la circulación de trenes en todo el territorio nacional”.
“Esta decisión tiene como origen la postergación de la medida de fuerza anunciada para el día 4 de junio pasado a solicitud del Gobierno nacional y el haber participado en cuatro reuniones consecutivas, mostrando la mejor de las predisposiciones para llegar a un acuerdo”, asegura la postura sindical.
En ese sentido, La Fraternidad considera que su “voluntad negociadora no fue efectiva, habida cuenta de que el sector empresarial ha tenido más de 15 días para mejorar la propuesta salarial de forma que la misma reflejara los índices inflacionarios para mantener el poder adquisitivo alimentario, el cual viene siendo licuado sistemáticamente desde enero de 2024”.
Por medio de dos Decretos publicados en el Boletín Oficial este jueves, el Gobierno de Javier Milei declaró emergencia pública en el sector ferroviario para los servicios de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional. La norma también establece una serie de medidas para abordar la situación.
Entre ellas, el texto oficial le exige a las empresas ferroviarias que presenten una propuesta de medidas urgentes para garantizar la seguridad operativa de los servicios. También direcciona la transferencia de fondos al sistema ferroviario y “facilita” la importación de materiales para el mantenimiento y las mejoras de seguridad, sostiene el Decreto 525/2024.
También asigna un presupuesto adicional al sector ferroviario con “el objetivo de mejorar la seguridad de los servicios ferroviarios y fortalecer el sistema en general”.
Entre las medidas que habilita el decreto, se encuentra la posibilidad de dejar sin efecto o renegociar contratos en curso; la atracción de inversiones y la suscripción de contratos para la operación de los servicios de transporte; y la gestión de la infraestructura y la reorganización empresarial de las sociedades ferroviarias.
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