La funcionaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, Carla Dalmaroni, ha sido suspendida por un período de 30 días tras revelarse que mantuvo al menos cinco llamadas telefónicas con Germán Kiczka mientras este se encontraba prófugo de la justicia.
Kiczka, junto a su hermano, está acusado de tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, y era buscado activamente, incluso por Interpol, bajo alerta roja.
El juez Miguel Ángel Faria remitió un informe al Superior Tribunal de Justicia que detalla las comunicaciones entre Dalmaroni y Kiczka. Según el informe, una de las llamadas se realizó el 22 de agosto a las 21:40 horas, con una duración de 10 minutos y 33 segundos, en un momento en que Kiczka ya contaba con una orden de detención vigente tras su desafuero. Posteriormente, se registraron otras cuatro llamadas el 28 de agosto, sumando otros 10 minutos de conversación.
El informe se basó en los resultados de una pericia de los teléfonos involucrados, realizada por personal de la Secretaría de Investigación Criminal. Fuentes judiciales subrayan que Dalmaroni, como funcionaria pública, tenía la responsabilidad de informar sobre estas comunicaciones, especialmente al tratarse de un prófugo. Además, se ha dado a conocer que la implicada es pareja de Gonzalo de Paula, el abogado defensor de los Kiczka.
La situación ha suscitado un intenso debate sobre la ética y la responsabilidad en el ámbito judicial, en un contexto ya complejo por la gravedad de las acusaciones que enfrentan los hermanos Kiczka.
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