La administración Javier Milei les asignó el mismo presupuesto de 2023 y apenas les alcanza para llegar a mayo.
El gobierno de Javier Milei sigue adelante con su brutal ajuste de las cuentas públicas. Al ahogo financiero al que intenta someter a las provincias como método de disciplinamiento, ahora aplicó la misma estrategia a las universidades nacionales en el marco de su declarado ataque a la educación pública.
En medio de los niveles de inflación récord, que ya superan el 250% anual, el gobierno de Milei asignó a las universidades nacionales el mismo presupuesto de 2023 y ni un peso más, lo que supone un ajuste brutal que impediría que sigan funcionando.
En ese marco las universidades nacionales advirtieron que si el gobierno no dispone un inmediato aumento de las partidas presupuestarias y continúan funcionando con el mismo presupuesto de 2023, en apenas dos meses podrían cerrar sus puertas.
Frente a este escenario las autoridades al frente de las diversas casas de altos estudios declararon la “emergencia económica” para visibilizar la gravedad de la situación.
Por el momento, pese a los intentos individuales y a los reclamos realizados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, espacio que reúne a todos los rectores), los diálogos con la Secretaría de Educación que administra Carlos Torrendell resultaron infructuosos.
Mientras ahoga financieramente a las universidades, el gobierno de Milei, a través del ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, frenó la creación de cinco nuevas universidades, cuya puesta en marcha fue dispuesta por leyes sancionadas en 2023.
De no haber una corrección inmediata en las partidas presupuestarias, será imposible para las 57 universidades nacionales repartidas a lo largo de todo el país afrontar el pago de salarios y servicios mínimos e indispensables para su funcionamiento como la luz, el agua o la limpieza.
La paralización de las universidades podría dejar a unos 300 mil trabajadores docentes y no docentes en la calle y a 2 millones y medio de estudiantes en un limbo, sin posibilidad de seguir cursando las carreras.
«Intentamos entender cuál es la política que tiene el gobierno en relación a la educación. Tenemos conversaciones con la secretaría de Educación y la subsecretaría de Políticas Universitarias. Ellos se muestran comprensivos de nuestra situación, pero no pueden generar la sensibilidad en las áreas superiores que deciden sobre el presupuesto de todo el sector público y expresar el valor estratégico de la educación. Por ahora nos dicen que no hay plata», aseguró Carlos Greco, rector de la Universidad Nacional de San Martín y presidente del CIN..
“No hablaría ni de vía administrativa ni judicial, sino de vía política. Estamos haciendo el mismo pedido a la Secretaría de Educación, luego vamos para arriba y hablamos con el Ministerio de Capital Humano. Si no hay respuesta, iremos a Economía, a Jefatura de Gabinete, al Congreso. Iremos a dónde sea para que el presupuesto universitario sea garantizado como un derecho”, explicó Greco.
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