Cámara Argentina de la Construcción: «Hay 3.200 obras paralizadas»

La Cámara de la Construcción calcula que con el corte de la obra pública se perderán 200.000 de los 500.000 puestos de trabajo del sector.

«Venimos a alertar al gobierno sobre el inminente colapso del sector», dijo este jueves un dirigente de la Cámara Argentina de la Construcción, al tiempo que un comunicado de prensa responsabilizaba a la política de paralización de la obra pública por «llevar a muchas empresas del sector a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica».

Cuando quien afirma esto es una de las entidades integrantes del Grupo de los 6, el núcleo empresario más concentrado del país, y a menos de dos meses de haberse iniciado el cuarto ensayo de neoliberalismo explícito y salvaje en el país, es señal de que algo cruje en el bloque dominante.

La política de «no hay plata pero sí negocios» (aniquilamiento del gasto e inversión públicos, y libertad de regulaciones para uso y abuso de los poderosos) no es pareja ni neutra. Beneficiará a grupos concentrados pero no en todas sus actividades, asumiendo que muchos (si no todos) de estos grupos están lo suficientemente diversificados como para aprovechar los negocios más rentables que se le ofrecen, mientras se retiran de los que tienen menos perspectivas de ganancias.

En Argentina existen cerca de 30 mil empresas constructoras. Unas 1400 pertenecen a Camarco, pero esta entidad es gobernada, desde hace por lo menos tres décadas, por un puñado de no más de seis o siete grupos económicos o familias tradicionales del sector. Rocca (Techint), Macri (SOCMA), Pérez Companc (ex SADE), Roggio, Chediak, Weiss, son los apellidos tradicionales que han compartido el gobierno y repartido los cargos en la cámara. Otros participan pero en niveles secundarios, y siempre dependiendo de ese núcleo de poder histórico.

Como ocurre habitualmente con los empresarios que han visto crecer a sus emporios de la mano de negocios con el Estado, estos grupos han sabido «llevarse bien» con todos los gobiernos, sin importar su color político ni legitimidad (vale recordar, siempre, que varios de ellos tuvieron su momento de gloria, por la proyección alcanzada, durante la dictadura de 1976 a 1983).

Pero han hecho propia, además, otra gran virtud (grande por los resultados obtenidos, aclaremos), que fue la diversificación de negocios que desplegaron a partir de los altos beneficios que recibían como constructores. Es una empresa con origen en el rubro ingeniería y construcción la que hoy controla el mercado del acero y ha ubicado en el puesto de mando de YPF a uno de sus hombres, fortaleciendo su rol en el mercado petrolero. Por supuesto, es integrante fundamental del clan que controla Camarco.

También se han diversificado las demás y juegan un papel relevante en negocios como la producción de alimentos, la energía renovable o tradicional, servicios tecnológicos, el transporte público y hasta la recolección de la basura. Pero, además de esos negocios repartidos, hay otro en el que coinciden todos: la propiedad de grandes extensiones de tierra y su explotación para la producción y exportación de soja y otros cultivos, además de la cría y engorde de animales.

¿Por qué importa en este momento recordar estas particularidades? Porque cuando se habla de una crisis terminal del sector de la construcción, el sacrificio de planteles de personal capacitado, de «efectos irreversibles» para muchas firmas producto de la actual situación, hay que considerar que estos grupos empresarios no se hundirán con sus empresas, como sí le puede suceder a muchos de los otros 30 mil que pierdan el contrato de asfaltar una calle, construir una escuela o ampliar un centro de salud en algún pueblo o ciudad del interior «porque no hay plata».

Para los grandes grupos, la señal del gobierno es que «cambien de rubro», dejen de lado sus inversiones en la obra pública porque dejará de ser rentable y encaren algún otro negocio del menú que este mismo gobierno les ofrece. De hecho, todas ya tienen un pie (o dos) en negocios que verán los frutos de la «revolución libertaria», a través de las agroexportaciones, la explotación de recursos petroleros o mineros, la venta monopólica con precios descontrolados ( es decir, sin los controles o regulaciones antes vigentes) o simplemente haciendo diferencias cambiarias en virtud de la valorización del dólar (otro rasgo común a esos grupos constructores dominantes es la fuga y formación de activos millonarios en divisas en el exterior).

Los directivos de Camarco cumplieron en avisar lo que se viene, aunque queda claro que no serán ellos las víctimas. Vamos entonces a los que sí están nominados para pagar los costos de esta política anti obra pública. La entidad empresaria calcula en medio millón la cifra de empleos directos del sector, de los cuales estima que 200 mil quedarían en riesgo de perder su trabajo.

«En todo el país existe el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal. La quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente. El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones», dice el comunicado empresario.

Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, se anticipó esta semana al comunicado de la cámara de la construcción anticipando la preocupación en ese sector y el malestar en muchas provincias por las consecuencias que acarreará la política del gobierno nacional de retener los recursos para obras.

«La situación es muy grave. Por orden del presidente (Javier MIlei), se suspendieron las viviendas, caminos en construcción y las obras que estaban con financiamiento ya firmado con organismos multimediales de créditos, o sea internacionales», denunció. «Hay más de 3.200 obras en ejecución en el país que ahora se encuentran totalmente paralizadas».

Insfrán indicó que «el plan del gobierno nacional referido a que la obra pública debe hacerla el sector privado ya ha fracasado, el sector de la construcción no va a venir a invertir en un lugar donde no va a tener rentabilidad». Recordó que «esto ya está demostrado, porque ha fracasado en distintos países e incluso en la Argentina, durante el mandato de Mauricio Macri».

Hasta los directivos de la cámara de la construcción señalaron que «hasta en el mundo desarrollado, con tarifas altas, seguridad jurídica y mercado de capitales, la inversión privada constituye sólo el 15 por ciento del total que se invierte en obras de infraestructura; el 85 por ciento lo pone el gobierno». «Hay obras que no tienen ningún interés para el sector privado: escuelas públicas, cárceles, hospitales públicos, incluso rutas con poco tránsito», indicó el directivo.

Hay malestar en las provincias, y con razón. El efecto multiplicador de la crisis de la construcción sería significativo. Ya se empieza a verificar el impacto dado que la paralización de obras provocó un inmediato corte en la cadena de pagos que hace tambalear a empresas proveedoras.

Tampoco hay mucha esperanza en la obra privada como atenuante. Una de las características particulares de esta crisis es que se da, además, en medio de una escalada de precios de los insumos sin precedentes. El índice del costo de la construcción para diciembre del Indec, ya arrojó un salto mensual del 30,1 por ciento (es decir, el aumento de diciembre contra noviembre, el mes previo), mientras que según empresarios del sector, en enero se habría verificado un incremento similar o mayor.

La parálisis de la demanda no frenó los aumentos de precios. Esta vez, la grieta partió los presupuestos de las obras a medio hacer o simplemente proyectadas.