Las economías regionales del país continúan con dificultades para conseguir mano de obra para las cosechas de las producciones. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) esto se debe a que existe un desconocimiento de la normativa por parte de los empleados, que por temor a perder los beneficios de los planes sociales, optan por no tener un trabajo registrado.
La falta de mano de obra para realizar los trabajos de cosecha es atribuida, principalmente, a la incompatibilidad del trabajo formal con los planes sociales. Sin embargo, en octubre el Gobierno nacional, mediante un decreto, lanzó un proyecto para convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado.
Pese a la vigencia de la medida, Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales de la CAME, sostuvo que todavía existen dificultades para conseguir mano de obra en este sector, esto lo atribuyó principalmente a que existe una falta de información, dado que el decreto está en pleno funcionamiento. “El empleado tiene dudas de que el plan se le va a sacar si tiene un empleo formal”, añadió.
“Los planes sociales están haciendo un agujero grande a la producción, porque en este momento están los productores necesitando para levantar la cosecha”, remarcó. Esto representa un problema porque en muchos casos se registran pérdidas importantes en las producciones ante la falta de personal para cosechar los cultivos.
En ese sentido, destacó el proyecto del Gobierno que brinda la posibilidad a los trabajadores de tener un empleo formal, sin perder los planes sociales, aunque hizo foco en que no hay “cultura del trabajo” y esto está muy arraigado en cierto sector de la sociedad.
“También hay una mano negra de la política, que asesoran a las personas y que los amenazan para que apoyen las manifestaciones. Es un problema de visibilización de esta problemática, pero esto es una solución para el empleado, el empleador y para el Estado, ya que, si el trabajador está en negro, tampoco recauda”, dijo el presidente de Economías Regionales de la CAME.
Por otro lado, Rodríguez se refirió a los valores de los sueldos de los trabajadores de las economías regionales; al respecto sostuvo que están de acuerdo a las paritarias nacionales donde los montos se actualizan constantemente, argumento que utilizó para negar que la escaza mano de obra se deba a los sueldos bajos.
Cabe señalar que las zonas más afectadas por la falta de trabajadores se encuentra los lugares con plantación de cítricos, la zona sur con las producciones de pera y manzana.
Finalmente señaló que es fundamental impulsar al sector primario para poder exportar y generar las divisas que necesita el país.
De qué se trata el decreto
El Gobierno nacional oficializó la medida que busca convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en “incentivos para la contratación” bajo la forma de “empleo asalariado registrado en el sector privado”.
En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo “efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.
Según se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: “Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados”.
En el artículo 2, se indica que “la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.
Se establece asimismo que “en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada”.
“El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios”, dice además.
En los casos de pluriempleo, se establece que “deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”.
En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un “cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.
En estos casos, el beneficiario mantendrá “el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora”.
Se especifica luego que “producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral”.
En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.
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