El día Nacional de la memoria por la Verdad y la Justicia es un día feriado inamovible de Argentina que se conmemora cada 24 de marzo. La fecha remite al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y busca generar memoria y conciencia colectiva para que los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos no se repitan «nunca más» y sus autores sean enjuiciados y castigados.
El Proceso de Reorganización Nacional fue una dictadura cívico-militar que impuso un régimen de terrorismo de Estado que causó que decenas de miles de personas fueran asesinadas, desaparecidas, violadas, torturadas, secuestradas siendo bebés, o debieran nacer en cautiverio, padecer la sustracción de su identidad y sufrir el exilio. Las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos, el movimiento estudiantil, los movimientos sociales y muchos partidos políticos hacen referencia a los 30 000 desparecidos, que fueron víctimas de la última dictadura y cuya presencia en la sociedad actual se invoca en cada conmemoración al grito «30.000 detenidos-desaparecidos ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!».
La conmemoración comenzó a realizarse de manera no oficial, por iniciativa popular, inmediatamente después de que se recuperara la democracia el 10 de diciembre de 1983, a raíz de la realización de marchas y actos organizadas por las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos. En 1998, el expresidente Carlos Menem dictó un decreto disponiendo que cada año, los establecimientos educativos dedicaran ese día al análisis crítico del golpe y a «recordar a las víctimas tanto de la violencia irracional desatada por los grupos armados como de la represión ilegal». En 2002, durante la presidencia del peronista Eduardo Duhalde, una ley estableció la conmemoración oficial bajo la denominación de «Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia». En 2006, durante la presidencia del peronista Néstor Kirchner, otra ley estableció la condición de feriado de la fecha. En 2017 el expresidente Mauricio Macri de la coalición Cambiemos, dictó un decreto de necesidad y urgencia, estableciendo la movilidad del feriado, pero debió ser dejado sin efecto pocos días después debido al rechazo del peronismo y las organizaciones de derechos humanos.
Historia
El 10 de diciembre de 1983, un gobierno democrático encabezado por el expresidente radical Raúl Alfonsín, ponía fin a la sangrienta dictadura que se había iniciado siete años atrás, el 24 de marzo de 1976. Desde que la Argentina estableciera el voto secreto y obligatorio en 1912, ningún gobierno democrático había podido finalizar su ciclo entregando el poder a un gobierno de otro signo elegido democráticamente. Durante casi todo el siglo XX, tres ciclos de gobiernos radicales y dos de gobiernos peronistas fueron sistemáticamente derrocados por golpes de Estado que impusieron dictaduras cívico-militares. En los 53 años que transcurrieron entre el primer golpe y la elección de Alfonsín en 1983, sólo durante doce años hubo gobiernos constitucionales elegidos en elecciones libres, mientras que los 41 años restantes hubo dictaduras y gobiernos fraudulentos o producto de elecciones con proscripciones, impuestos por las fuerzas militares. La violencia ejercida contra la población por cada una de las dictaduras fue creciendo, hasta el punto de que la dictadura que finalizaba en 1983, había recurrido al uso sistemático del terrorismo de Estado, causando decenas de miles de crímenes de lesa humanidad aberrantes, incluyendo masivas ejecuciones ilegales, desapariciones forzadas, violaciones, torturas y secuestros de niños para privarlos de su identidad biológica y familiar.
Al asumir el gobierno democrático encabezado por Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983, era muy alta la probabilidad de que pudiera ser derrocado por nuevo golpe de Estado. De hecho tanto Alfonsín, como su sucesor el peronista Carlos Menem debieron enfrentar cuatro intentos de golpe de Estado. Recién en diciembre de 1990, cesaron los levantamientos militares para derrocar un gobierno democrático.
En esos años, había una clara conciencia en la dirigencia política argentina y las organizaciones de derechos humanos de que, lo que se denominaba «consolidación de la democracia», estaba íntimamente vinculada con la problemática de los derechos humanos y las violaciones masivas que sufrieron en la última dictadura. Por esa razón una de las primeras medidas tomadas por el gobierno democrático fue crear una Comisión que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, con el fin de elaborar un informe que sirviera de base a una acusación para enjuiciar a las Juntas Militares que lideraron el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, con excepción de la última, que transmitió el poder al gobierno democrático.
Primeras convocatorias el 24 de marzo
En ese contexto, las fuerzas políticas y las organizaciones de derechos humanos comenzaron a generar movilizaciones cada 24 de marzo, con el fin de recurrir a la memoria colectiva para repudiar los golpes de Estado y las violaciones de derechos humanos, y defender la democracia.
En 1984 tuvo lugar en Rosario la primera iniciativa de conmemorar con una marcha el golpe del 24 de marzo, para repudiarlo, siendo organizado activistas peronistas y radicales. La manifestación fue relativamente pequeña, con una asistencia de unas 700 personas que marcharon desde la Plaza Pringles hasta el Concejo Deliberante, por la peatonal. Allí hablaron el intendente radical Horacio Usandizaga y el concejal peronista Pedro Bluma. La marcha bipartidaria rosarina, se repitió en los años siguientes, bajo el lema «Memoria y alerta contra los golpes de Estado».
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